Acuerdo marco para el asesoramiento, representación y defensa jurídica de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del lote o lotes a los que presenta proposición, habiendo sido calculado el valor anual medio de cada lote a partir del presupuesto para los dos primeros años. Se acreditará mediante la aportación de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. Los empresarios no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán esta circunstancia mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional serán los principales servicios efectuados por el licitador en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto de cada uno de los lotes, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, y deberá cubrir al menos un importe anual acumulado en el año de mayor. La solvencia técnica se apreciará globalmente por lote. Se entenderá por servicio cada encargo o asunto jurídicamente individualizable, con objeto, destinatario y resultado o hito acreditable. El licitador deberá acreditar servicios similares suficientes, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución alcance al menos el 70 por ciento del valor anual medio del lote. Se valorará la correspondencia material, complejidad, dimensión económica y alcance territorial de los trabajos, sin exigirse un número rígi

Será imprescindible que, entre los abogados especialistas en la materia objeto del lote, figuren, al menos, dos (2) abogados con un mínimo de diez (10) años de experiencia y tres (3) abogados con un mínimo de cinco (5) años de experiencia. Declaración responsable, firmada por el licitador o por su representante, en la que se haga constar que dispone de una estructura profesional mínima de veinticinco abogados ejercientes y colegiados, integrada en su organización o puesta efectivamente a su disposición durante la vigencia del acuerdo marco.